Desde el 20 de septiembre hasta el 18 de diciembre, el Aeropuerto Internacional de Rosario estará cerrado por obras de renovación en su pista principal. Esta situación genera expectativas en Sauce Viejo, que se posiciona como alternativa para operar vuelos internacionales.

El Gobierno de Santa Fe confirmó que a partir del 20 de septiembre, y por 90 días, el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) interrumpirá completamente sus operaciones.

El motivo es la ejecución de una obra de reacondicionamiento integral de la pista, con una inversión de más de $34.800 millones, financiada en su totalidad por la Provincia.

Sin embargo, más allá de la importancia estratégica de estos trabajos para Rosario, la noticia repercute también en Sauce Viejo, donde crecen las expectativas de captar vuelos temporales, en particular internacionales, durante el período de cierre.

Desde la Dirección del Aeropuerto de Sauce Viejo señalaron a UNO que "Todavía no tenemos confirmaciones (en alusión a las compañías aéreas)", y agregaron: "Recién se anoticiaron de la fecha de cierre".

Aun así, el escenario está abierto. Cabe recordar, como lo anticipó este medio, ya se habían mantenido reuniones con algunas de las aerolíneas internacionales que hoy operan en Rosario, con el objetivo de evaluar la posibilidad de que reemplacen temporalmente su base de operaciones por Sauce Viejo. El cierre definido pone ahora una fecha concreta para esas definiciones.

Una obra clave para Rosario y la región
El anuncio fue encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, quien recorrió las instalaciones del AIR junto a funcionarios provinciales. Allí confirmó la convocatoria para que las empresas interesadas presenten ofertas para realizar los trabajos, que incluirán:

Reacondicionamiento del tramo central de la pista.

Reconstrucción en hormigón de las cabeceras y la intersección con la calle de rodaje.

Nuevo balizamiento.

Elevación del sistema ILS de categoría 1 a 3.

Ampliación de plataformas y ángulos de viraje.

El cierre de la terminal aérea comenzará el 20 de septiembre, con reapertura prevista para el 18 de diciembre. La fecha de inicio de obra está programada para el 1 de septiembre, y se adjudicará formalmente el 28 de agosto.

El gobierno nacional estableció oficialmente el Día del Niño en el tercer domingo de agosto, y de esa manera dejó de lado la denominación Día de las Infancias, que había sido implementada en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández.

El decreto 562/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, oficializó la fecha sin mencionar el Día de las Infancias y utilizando en su reemplazo la tradicional denominación Día del Niño.

El argumento del gobierno es unificar criterios y poner en valor una tradición "arraigada en nuestro país".

Distintos sectores sociales advirtieron que el cambio representa un retroceso en términos de inclusión y diversidad, aunque la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij) celebró la medida como una forma de evitar confusiones institucionales y "brindar claridad" para familias y comercios.

El decreto firmado por Milei y Pettovello sostiene que la celebración "promueve la concientización sobre los derechos de los niños, incentiva su entretenimiento y pone el foco en la importancia de su rol en la sociedad argentina".

De esta manera, el Día del Niño se celebrará este año el domingo 17, en un fin de semana largo, ya que el viernes 15 fue declarado día no laborable con fines turísticos.

El intendente Dr. Mario Papaleo, junto al secretario de Gobierno Carlos Piedrabuena, participaron este miércoles por la mañana del Primer Encuentro de Seguridad para el Área Metropolitana, realizado en el Auditorio del Ministerio de Seguridad, ubicado en calle 1º Junta 2823.

El encuentro contó con la presencia del Ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y reunió a intendentes, presidentes comunales y funcionarios de la región, con el objetivo de abordar estrategias conjuntas para fortalecer la seguridad en todo el territorio metropolitano.

Desde la Municipalidad de Sauce Viejo reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo articulado junto al gobierno provincial para construir una ciudad más segura para todos los vecinos y vecinas.

En el marco del Programa Vínculos, la Municipalidad de Sauce Viejo avanza con obras clave para fortalecer la seguridad en el espacio público. Esta semana, se completó la primera etapa de iluminación de la ciclovía, una intervención que busca generar entornos más seguros y promover la convivencia ciudadana.

Durante la jornada, el intendente Dr. Mario Papaleo, junto al secretario de Gobierno Carlos Piedrabuena, recibió a la secretaria de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad y Justicia, Virginia Coudannes, y al subsecretario Juan Musuruana, con quienes realizaron una recorrida por la obra finalizada.

El Programa Vínculos es una iniciativa del Gobierno Provincial destinada a implementar políticas de prevención situadas, en articulación con los gobiernos locales, que favorezcan la construcción de comunidad y la recuperación del espacio público.

Desde la gestión municipal reafirmamos el compromiso de seguir trabajando junto a la provincia para lograr una ciudad más iluminada, segura y accesible para todos los sauceños y sauceñas.

PRENSA MUNICIPALIDAD DE SAUCE VIEJO

De similares características a la vetada en 2024, la oposición en la Cámara baja aprobó un proyecto que busca recomponer las partidas para gastos de funcionamiento y salarios.

Por segundo año consecutivo, la Cámara de Diputados avanzó con la aprobación de un proyecto de ley que busca garantizar el financiamiento universitario, ante el reclamo del sector por el ajuste en las partidas y la situación derivada de contar con un presupuesto reconducido desde 2023.



El proyecto impulsado por los bloques de la oposición Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica -la izquierda también, aunque tenía una iniciativa más ambiciosa- cosechó 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones en la votación general.

Antes de pasar a la votación en particular, el diputado nacional Maximiliano Ferraro propuso una modificación que no fue considerada. Luego, se votaron los artículos del 1 al 4 que resultaron aprobados con 158 votos a favor 74 en contra y 2 abstenciones; el artículo 5 con 141 afirmativos, 83 negativos y 9 abstenciones; y del 6 al 9 con 158 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones.

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Según publica "Parlamentario", se trata de una propuesta de características similares a la que fue sancionada el año pasado, meses después de la gran Marcha Universitaria del 23 de abril de 2024. Sin embargo, esa norma fue vetada por el presidente Javier Milei y el oficialismo pudo sostener esa decisión en el recinto, en una sesión que tuvo lugar el 9 de octubre del año pasado.

A fines de mayo de este año, el Consejo Interuniversitario Nacional acercó a los diputados una nueva propuesta. Los dictámenes pudieron firmarse el pasado 8 de julio, dado que previamente la oposición aprobó un emplazamiento de las comisiones de Educación y Presupuesto.

El proyecto, que ahora deberá tratarse en el Senado, tiene por objeto "garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación universitaria pública en todo el territorio de la República Argentina".

De acuerdo al texto, el Poder Ejecutivo tendrá que recomponer al 1ro. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC "en el período comprendido entre el 1ro. mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas". Y también actualizar esas partidas de forma bimestral, desde el 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025.

En cuanto a los salarios de docentes y no docentes, el PEN deberá actualizarlos desde el 1ro. de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período.

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"Este aumento se hará efectivo al mes siguiente de la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable. En el transcurso del corriente año, deberá efectuarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables, dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", agrega el articulado.

Además, exige que el PEN convoque "con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC".

Entre otros puntos, la iniciativa establece una recomposición y actualización automática de las becas estudiantiles; y una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar las becas tanto de ingresantes como posdoctorales.

También se contempla que la Auditoría General de la Nación "realizará el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas si las hubiere, y el correspondiente plan de seguimiento y control".

Fuente: UNO

Según la entidad nacional, la baja de la producción manufacturera destruyó 1.500 empleos mensuales en el último trimestre.

Las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) expresaron la preocupación de los socios de la entidad por la caída de la actividad económica, pidieron que se generen líneas de crédito a tasas razonables que permitan sostener la producción e insistieron con un dato que muestra con énfasis las consecuencias de la situación que atraviesa el sector: en el último trimestre perdió 1.500 empleos mensuales.

Tras la reunión del Consejo Directivo de la entidad y después de los habituales reconocimientos al ordenamiento macroeconómico, la baja de la inflación y las medidas para alcanzar el equilibrio fiscal que toma el gobierno nacional, la UIA expresó su inquietud por la caída de la actividad y pidió líneas de crédito para sostener la producción y el empleo, que tras el aumento que tuvieron en las últimas semanas los bancos otorgan para producir a tasas impagables.

En este sentido, el presidente de la entidad, Martín Rapallini, destacó una reunión reciente que mantuvo con el ministro de Economía Luis Caputo, al que le plantearon la situación del sector y con el que analizaron posibles medidas para fomentar el crédito y el nivel de actividad.

"Los miembros de la Junta señalaron que las tasas de interés deberían estabilizarse en un nivel razonable para la capacidad de las empresas, y destacaron la necesidad de crédito para sostener el capital de trabajo, en particular en las PyMIs industriales, en un contexto de presión sobre los costos", dice el comunicado de prensa emitido por la UIA.

Respecto del empleo, el comunicado de la UIA vuelve a destacar un dato contenido en el último informe de actividad industrial elaborado por el Centro de Estudios de la entidad (CEU) en base a datos oficiales que revelan una pérdida de 1.500 empleos por mes en el último trimestre, con una caída acumulada de 37.000 empleos desde agosto de 2023.

Respecto de la actividad manufacturera, insisten con otro de los datos que el relevamiento del CEU viene informando que es el freno que la actividad tiene desde hace 5 meses, después de la recuperación insuficiente y heterogénea que tuvo en el segundo semestre de 2024.

Finalmente, destacaron el esfuerzo que el sector industrial viene haciendo en materia de inflación -mientras que el IPC acumulado desde diciembre de 2023 fue de 150%, el IPIM Manufacturero en el mismo período fue de 86% - e informaron de reuniones mantenidas con el Ministerio de Seguridad para plantear la necesidad de combatir y frenar el ingreso de mercadería por contrabando ya que "el aumento de la informalidad es un riesgo para los consumidores, y genera una competencia desleal y una presión adicional sobre el sector formal de la economía, que está muy penalizado por la alta presión tributaria vigente".

Fuente: El Litoral

El Kremlin advirtió que ya no se siente limitado por la moratoria que restringía este tipo de armamento. La decisión llega cinco años después del fin del Tratado INF.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia se considera con derecho a desplegar misiles balísticos y de crucero de alcance medio y corto si la situación lo requiere. La declaración fue publicada este lunes por medios rusos y marca un giro en la postura del país tras el colapso del Tratado INF.

En concreto, Peskov respondió preguntas de periodistas sobre un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en el que se anunciaba que ya no hay condiciones para sostener una moratoria unilateral sobre este tipo de misiles. La decisión abre la puerta a nuevos despliegues armamentísticos en Europa y Asia.

La herencia del Tratado INF
El Tratado INF (Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio) había sido firmado en 1987 por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Establecía la prohibición total de misiles terrestres de corto (500 a 1.000 km) y medio alcance (1.000 a 5.500 km), así como sus lanzadores.

En 2019, el gobierno de Donald Trump anunció la retirada unilateral de EE.UU. del acuerdo, acusando a Rusia de violar sus términos. Moscú, por su parte, respondió suspendiendo también su participación. Desde entonces, no hubo nuevos tratados para sustituirlo.

Este 4 de agosto, Moscú oficializó el abandono de la autorrestricción impuesta de forma unilateral desde 2019.

Armamento sensible y sin anuncios públicos
Consultado sobre si habrá anuncios formales respecto al despliegue de estos misiles, Peskov fue tajante: “Es poco probable, porque se trata del ámbito de la Defensa, una esfera sensible y no pública”.

Los analistas advierten que este paso puede desatar una nueva carrera armamentista en el hemisferio norte, especialmente si se reanudan las pruebas o se detectan movimientos de misiles en zonas limítrofes con la OTAN.

Fuente: El Litoral

El arrestado tiene 37 años. En su vivienda hallaron restos óseos y de piel en el marco de una causa abierta por cinco desapariciones. Conocé el espeluznante testimonio de un sobrino del imputado.

Un hombre de 37 años fue detenido bajo la acusación de la desaparición de al menos cinco personas en situación de calle y de sus posteriores crímenes en la provincia de Jujuy.

El imputado, identificado por fuentes del caso como Matías Jurado, fue arrestado luego de que se encontraran restos óseos y de piel en su vivienda.

Jurado fue detenido en el marco de una causa en la que se investigan las desapariciones de cinco personas en lo que va de 2025 y, este lunes, deberá afrontar una audiencia de imputación en un expediente que comenzó con la búsqueda de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años con discapacidad que fue visto por última vez el pasado 25 de julio.

El viernes pasado autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia norteña brindaron una conferencia de prensa en la que informaron que, en el allanamiento realizado en la vivienda de Jurado, se hallaron restos óseos, piel humana y prendas de vestir.

“Aparentemente se habría llevado a una de las personas desaparecidas; tenemos indicios fuertes, pero está pendiente de acreditación”, manifestó el fiscal general, Sergio Lello Sánchez.

En tanto, el fiscal regional, Guillermo Beller, explicó que este caso ya se consolidó con otras desapariciones ocurridas en lo que va del 2025, luego del cruce de datos correspondiente.

Beller indicó que existe un nexo entre los casos ya que todas las víctimas estaban en situación de calle y dos de ellas padecían de alguna discapacidad.
El impactante testimonio del sobrino del acusado

Un aporte fundamental que se sumó a la investigación es la declaración de un adolescente de 16 años, sobrino del acusado. Medios locales informaron que el chico dio a conocer datos espeluznantes durante su testimonial en Cámara Gesell.

El menor sostuvo que todos los viernes Jurado se reunía con diferentes personas, tomaban alcohol y luego su tío les decía que “se tenía que retirar” porque “pasaban cosas malas”.

Ante las autoridades, contó que el hombre de 37 años “descuartizaba a personas que llevaba a casa y luego se deshacía de los restos arrojándolos a un descampado, o los enterraba”.

Peritos del caso realizarán en las próximas horas análisis de ADN para determinar a quiénes pertenecen los restos encontrados.

Fuente: Crónica

El gremio de los docentes públicos expresó su malestar por la falta de una propuesta concreta por parte del Gobierno de Santa Fe. “Intimamos al Gobierno a que presente una propuesta”, dijo Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé.

Amsafé se retiró este lunes del ámbito paritario docente tras una reunión que, según el gremio, no constituyó una verdadera instancia de negociación. El motivo: el Gobierno provincial no presentó ninguna oferta salarial ni respondió a los planteos gremiales pendientes.



“No ha sido una nueva instancia de reunión paritaria, fue muy rápido. Nosotros no lo llamamos reunión paritaria”, afirmó Rodrigo Alonso, secretario general de Amsafé, al término del encuentro con autoridades del Ministerio de Educación.

El sindicato señaló que la expectativa era discutir el conjunto de temas que afectan a los trabajadores y trabajadoras de la educación, incluyendo salario, condiciones laborales, cuestiones previsionales y pedagógicas. “Veníamos con la expectativa de tener una propuesta en línea con lo que veníamos planteando sistemáticamente”, sostuvo Alonso.

Sin embargo, ante la ausencia de una propuesta, Amsafé decidió retirarse de la mesa paritaria e intimar al Ejecutivo a presentar una oferta concreta. “El Gobierno de la provincia comunica que no tiene una propuesta paritaria. Así que nosotros intimamos al Gobierno a que presente una propuesta, por eso nos retiramos ya del ámbito paritario”, explicó.

El dirigente gremial calificó de “inadmisible” la situación salarial de la docencia: “Es inadmisible que un trabajador de la educación tenga un salario por debajo de la línea de indigencia”, expresó, y cuestionó la falta de avances tras el vencimiento del último decreto de aumento salarial: “Hace más de un mes que finalizó un decreto que otorgaba un incremento salarial sumamente escaso e insuficiente”.

Alonso también reclamó respuestas sobre los haberes de los jubilados docentes. “¿Qué respuesta se le va a dar a una compañera, a un compañero jubilado que está percibiendo sus incrementos a los 60 días?”, preguntó.

El gremio recordó que una semana atrás el propio Gobierno había pedido tiempo para presentar una propuesta, lo cual no ocurrió. “Mientras tanto, las trabajadoras y los trabajadores no llegamos a fin de mes”, señaló Alonso.

Finalmente, Amsafé advirtió que convocará a asambleas docentes para definir los pasos a seguir. “Esperemos que esas asambleas, cuando sean convocadas, sean para analizar una propuesta. Y que esa propuesta dé cuenta de las necesidades que tenemos los trabajadores, los activos y los jubilados”, concluyó.

Fuente; UNO

La EPE evalúa sanciones y llevar los casos a la justicia. El fraude equivale a la construccion de una estacion transformadora de alta tension. Se trata de un beneficios que implicaba descuentos en la tarifa de hasta 50%.

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) investiga un fraude millonario en la tarifa social, un beneficio que otorga descuentos de hasta el 50% en el servicio eléctrico a hogares de bajos ingresos.

Desde la EPE informaron que ya fueron dadas de baja más de 15 mil tarifas subsidiadas tras detectarse situaciones irregulares, de las cuales cerca del 30% corresponden a clientes del departamento La Capital.

Además, adelantaron que otros 18 mil usuarios están bajo análisis. La empresa evalúa aplicar sanciones y no descarta elevar los casos más graves a la Justicia.

“Se da en el marco de un proceso de control desde hace muchos meses que tiene como objetivo eficientizar los procesos internos y los recursos públicos que utilizamos, que son producto de la tarifa que recibimos mensualmente de los usuarios”, explicó Anahí Rodríguez, presidenta de la EPE.

Según indicó, “en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Economía y las áreas técnicas de la empresa hemos identificado múltiples situaciones irregulares en usuarios que han sido beneficiados por una tarifa social subsidiada”.

Entre las situaciones detectadas hay casos de usuarios que falsearon las declaraciones juradas para acceder al beneficio. “Muchos han fraguado las declaraciones correspondientes para poder acceder a un beneficio que justamente tiene como objetivo el acceso al consumo eléctrico residencial para aquellos hogares de menores ingresos”, advirtió Rodríguez en declaraciones al programa "De10", que se emite por "LT10".

El monto estimado del fraude equivale a la construcción de una estación transformadora de alta tensión. “Para tomar dimensión, estamos hablando de un monto equivalente para nuestra gestión a la construcción de una estación transformadora de alta tensión; entre 20 mil y 30 mil millones de pesos. Es una proyección que nosotros hacemos a 4 años”, detalló la funcionaria.
Casos insólitos y abusos extremos

La EPE detectó situaciones “insólitas” que van desde beneficiarios fallecidos, inmuebles en alquiler, locales comerciales, hasta viviendas ubicadas en countries y barrios de alto valor inmobiliario.

“Tenemos múltiples situaciones. Algunos beneficios han sido heredados, vinculados a personas fallecidas o que ya no viven en el domicilio. Hemos tenido casos de inmuebles en alquiler, de locales comerciales, propiedades ubicadas en barrios privados. Realmente casos insólitos, desorbitantes. No tenemos dudas de que son situaciones totalmente abusivas, que marcan fraudes extremos y excesos en los consumos”, señaló Rodríguez.

Respecto al descuento, precisó que “el subsidio es escalonado, en función de los consumos y del poder adquisitivo de cada usuario, pero en términos generales podemos hablar de un porcentaje cercano al 50 por ciento”. Y agregó: “Estamos hablando de recursos públicos, de un servicio que otorgamos y que es absorbido por el Estado provincial. Son aportes que salen del tesoro y que están directamente vinculados con las contribuciones tributarias que realizamos mensualmente”.
Corte de beneficios y posibles sanciones

Ante la magnitud de las irregularidades, la EPE ordenó el corte definitivo del beneficio para los casos confirmados. “La primera medida que tomamos tiene que ver con el cese, el corte definitivo de este tipo de beneficios de tarifas subsidiadas”, afirmó Rodríguez.

En cuanto a las medidas legales, remarcó que “no vamos a vacilar en iniciar los procesos legales que correspondan”. También fue contundente al referirse a posibles sanciones: “Sí, por supuesto. Estamos hablando de recursos públicos, de partidas presupuestarias que el tesoro provincial destina a aquellos usuarios de menores ingresos para que puedan acceder a un recurso que es esencial. Frente a estos claros casos de abusos, vamos a iniciar todos los procesos correspondientes que tenemos a nuestro alcance”.

“Vamos a analizar cada caso puntual. Hemos hecho un trabajo en detalle para poder determinar el abuso en estas 15 mil tarifas”, dijo.
Causas judiciales y nuevos controles

Rodríguez explicó que ya se iniciaron gestiones administrativas y que los casos tambien podrían llegar a la Justicia:

“Hemos comenzado con el trabajo administrativo, hemos cruzado datos a través de las plataformas digitales y tecnológicas que hoy nos permiten hacerlo junto al Ministerio de Economía. A partir de allí, iniciaremos las gestiones administrativas y judiciales que correspondan”, definió.

La presidenta de la EPE también adelantó que se está revisando un universo aún más amplio de beneficiarios: “Estamos analizando otras 18 mil tarifas más y vamos a proceder en cada caso puntual con las medidas que correspondan”, aseguró.

El operativo forma parte de un conjunto más amplio de acciones de control y transparencia dentro de la empresa. “Queremos ser responsables con los controles que realizamos, como con otros que también estamos implementando en la Empresa Provincial de la Energía en los últimos 18 meses. Tienen que ver con medidas internas vinculadas a controles en los vehículos, con la instalación de GPS, la reducción de combustible, de horas extra, y la instalación de datos biométricos”, detalló.

Fuente: UNO