La envergadura de la operación genera dudas sobre la intención del gobierno norteamericano de combatir el narcotráfico en la región

WASHINGTON.- Bajo órdenes del presidente norteamericano, Donald Trump, el Pentágono ha comenzado a desplegar varios buques de guerra y miles de soldados en el sur del Caribe con el objetivo declarado de combatir los grupos narcotraficantes catalogados recientemente como “terroristas”. Sin embargo, la cercanía con Venezuela y el recrudecimiento de la tensión con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, generan dudas sobre la posibilidad de un enfrentamiento militar que busque un cambio de régimen.

El despliegue naval de EE.UU.
En ese contexto, está previsto que llegue el domingo a las costas del régimen el Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group) de la marina norteamericana, compuesto por tres buques y 4500 efectivos. Sumado a la Unidad Expedicionaria de Marines número 22, con 2200 infantes de marina, un submarino nuclear, varios aviones de vigilancia y tres buques de guerra ya desplegados, se trata de la operación militar más grande de Estados Unidos en la región desde la invasión a Panamá.

Utilizar este tipo de fuerzas contra los cárteles de droga sería como “llevar un obús a una pelea de navajas”, dijo el jueves un funcionario de defensa norteamericano.

El despliegue
El mes pasado, Trump firmó una orden ejecutiva, que aún no se ha hecho pública, en la que daba instrucciones al Pentágono de utilizar la fuerza militar contra algunos cárteles de droga latinoamericanos, como el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha, a los que su administración había calificado previamente como organizaciones “terroristas”. Entre ellos se encuentra también el Cartel de los Soles, del que Trump ha acusado al propio Maduro de ser su líder.

Desde entonces, el Pentágono ha estado movilizando unidades de la Armada norteamericana al sur del mar Caribe, pero el gobierno de ha dicho poco sobre sus intenciones y la forma en que planea usar su fuerza militar para combatir el narcotráfico.

Este fin de semana, el Pentágono confirmó el envío a la zona del Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato, integrado por el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, el de transporte anfibio USS San Antonio y el buque de desembarco USS Fort Lauderdale.

Los navíos habían partido de Norfolk, Virginia, a principios de esta semana, pero tuvieron que volver para evitar el huracán Erin que afectó la región, lo que retrasó su despliegue.

El USS Iwo Jima es el mayor de los barcos de guerra desplegados, con tamaño comparable al de un portaviones mediano. Desde allí pueden operar unos 30 helicópteros y aviones de aterrizaje vertical, como los Harrier. Junto a los otros barcos del contingente, tiene la capacidad de transportar y desembarcar tropas de combate.

El USS San Antonio, por su parte, es un buque diseñado para el desembarco de tropas y equipo mediante lanchas y aeronaves, mientras que el USS Fort Lauderdale aporta capacidades adicionales de transporte y apoyo logístico.

Según la página web del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el objetivo del grupo anfibio es “llevar a cabo operaciones de presencia y embarcar de manera segura a los marines en tierra para llevar a cabo una amplia variedad de misiones de contingencia“.

Además, el despliegue militar cuenta con una Unidad Expedicionaria de Marines compuesta por unos 2200 infantes de marina y una fuerza de élite capaz de ejecutar operaciones aéreas, marítimas y terrestres.

También se enviaron varios aviones de vigilancia P-8, también conocidos como Poseidón, diseñados para reconocimiento, vigilancia y guerra antisubmarina, y un submarino nuclear, capaz de lanzar misiles de largo alcance y operar en misiones de inteligencia y disuasión, según informaron las autoridades.

Además, dos buques de guerra destructores se dirigen a una zona fuera de las aguas venezolanas, el USS Jason Dunham y el USS Gravely, ambos parte de una reciente campaña contra la milicia hutí en el mar Rojo.

Un tercer destructor, el USS Sampson, fue visto por ultima vez próximo al canal de Panamá del lado del Pacífico de acuerdo con el sitio de monitoreo de navíos Marine Vessel Traffic.

Estos buques de guerra clase DDG 51 son destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, armados con sistemas de combate Aegis con más de 90 misiles, incluidos misiles tierra-aire. Pueden realizar combates antiaéreos y antisubmarinos, así como derribar misiles balísticos, y cada uno puede llevar una tripulación de más de 300 marineros, a una velocidad máxima de 55 kilómetros por hora.

Los mismos, son capaces de “operar de forma independiente o como parte de Grupos de Ataque de Portaaviones, Grupos de Acción de Superficie y Grupos de Ataque Expedicionarios”, según la página web de la Armada norteamericana.

“Al enviar tres destructores Arleigh Burke frente a las costas de Venezuela, el presidente Trump está aportando una capacidad de ataque terrestre seria a través de misiles Tomahawk”, dijo el almirante James Stavridis, quien fue jefe del Mando Sur estadounidense y ahora está retirado. “También una sofisticada recopilación de inteligencia, seis helicópteros avanzados, mil marineros y un sofisticado control de mando para ejecutar operaciones antinarcóticos en el mar”.

Durante mucho tiempo, la Marina estadounidense ha interceptado y abordado barcos sospechosos de contrabando de drogas en aguas internacionales, normalmente con un oficial de la Guardia Costera al mando de manera temporal para invocar a la autoridad policial. Pero la escala de las fuerzas que el Pentágono está movilizando, sumada a la orden de Trump, sugiere que el gobierno está contemplando acciones que van mucho más allá de las interceptaciones marítimas de tipo policial.

Grises en la ley
Las intenciones operativas concretas del gobierno se están manteniendo inusualmente en secreto, incluso dentro del poder ejecutivo, según varios funcionarios. Sigue sin quedar claro, por ende, qué criterios o reglas de enfrentamiento está considerando el gobierno para cualquier operación que utilice la fuerza armada.

Brian Finucane, exabogado del Departamento de Estado y especialista en leyes de guerra, dijo que el gobierno norteamericano debería pedir autorización al Congreso si planea utilizar la fuerza militar contra Venezuela. Aunque hay muchos ejemplos de países que han utilizado incidentes de otra índole como pretexto para iniciar guerras, dijo, “si Estados Unidos se sale de su camino para elegir el combate, eso no es defensa propia”.

Tampoco resulta evidente el modo en que la administración norteamericana pretende interpretar la legislación nacional e internacional en lo que respecta al alcance y los límites de su capacidad para utilizar la fuerza contra presuntos narcotraficantes.

Una cuestión es si quiere que los militares utilicen normas de tiempos de guerra aunque el Congreso no haya autorizado ningún conflicto armado, o si simplemente busca proporcionar más músculo a las operaciones que aún se rigen por las normas de aplicación de la ley.

Estos problemas legales se derivan de las declaraciones realizadas a principios de este mes por Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, quien afirmó que designar a los cárteles como grupos “terroristas” permite “utilizar otros elementos del poder estadounidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, lo que sea, para atacar a estos grupos”.

Desde el punto de vista jurídico, sin embargo, eso es inexacto. Aunque el Congreso ha autorizado el uso de la fuerza contra una organización terrorista, Al Qaeda, no ha concedido permiso para hacer la guerra contra otros grupos no relacionados, aunque el poder ejecutivo también los llame “terroristas”.

La legislación estadounidense permite al gobierno imponer sanciones, como el bloqueo de activos, contra los grupos a los que califica de ese modo, pero eso no da la autoridad para emprender operaciones de tipo bélico dirigidas contra ellos.

Agencia Reuters y diario The New York Times

La Casa Blanca justifica la operación en el marco de la lucha contra el narcotráfico, pero el megaoperativo alimenta las especulaciones sobre una estrategia más ambiciosa contra Maduro

Si algo caracteriza a la política exterior de Donald Trump es la imprevisibilidad. El que hoy es su mejor amigo puede convertirse mañana en su peor enemigo, y viceversa. Sino basta con preguntarle a Volodimir Zelensky, Vladimir Putin o Narendra Modi. Y aunque, hasta ahora, Nicolás Maduro siempre estuvo en su lista negra, en sus primeros meses de gestión, el presidente estadounidense pareció enviarle algunas señales de distensión: autorizó a Chevron para retomar operaciones en Venezuela, pactó un acuerdo para el intercambio de prisioneros y migrantes con mediación de El Salvador, y concedió alivios temporales a ciertos sectores económicos.

Sin embargo, Trump dinamitó cualquier atisbo de indulgencia en las últimas semanas con una serie de medidas de alto impacto. Primero, elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro. Poco después, la fiscal Pam Bondi anunció la confiscación de 700 millones de dólares en bienes vinculados al mandatario venezolano. Pero el giro más drástico llegó cuando la Casa Blanca comunicó el envío de un grupo anfibio al Caribe como parte de su ofensiva contra los cárteles de droga.

Visiblemente desconcertado, Maduro calificó el despliegue estadounidense como una señal de que “el imperio se ha vuelto loco” y proclamó el lunes la movilización de más de 4,5 millones de milicianos, lo que elevó aún más la tensión. El viernes reforzó su mensaje con la convocatoria a una jornada de “alistamiento nacional” en plazas públicas y cuarteles durante este fin de semana. Una respuesta que, según el internacionalista venezolano Luis Peche, debe leerse más en clave retórica que real: “Maduro no llegó ni siquiera a cuatro millones de votos en las últimas elecciones, con lo cual es poco probable que tenga la capacidad de armar a millones de personas. Más bien utiliza a su base como escudo, como elemento disuasorio ante un posible escalamiento”, señaló a LA NACION.

Aunque generó alarma, la decisión de la Casa Blanca tampoco fue del todo sorpresiva. Trump ya había dejado varias pistas. En su primer día de mandato firmó la Orden Ejecutiva 14157, que advertía sobre los riesgos “inaceptables” que representan los carteles para la seguridad nacional y fijaba como objetivo su “eliminación total”. Ese marco legal abrió la puerta a una militarización del combate al narcotráfico, por lo que la participación del Departamento de Defensa no resulta extraña.

El paso más significativo fue la decisión de equiparar a organizaciones criminales latinoamericanas con grupos terroristas internacionales. Así, estructuras como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles fueron incluidas en la misma categoría que Al Qaeda o el Estado Islámico, y sus miembros catalogados como “combatientes enemigos”.

La gran incógnita es si estas operaciones quedarán circunscritas a maniobras puntuales en el Caribe y otros puntos de América Latina, o si terminarán abriendo la puerta a una intervención directa en Venezuela.

El exembajador estadounidense John Feeley relativizó ese escenario y desestimó la posibilidad de una invasión. “Estados Unidos está montando un acto de teatro político-militar”, dijo a LA NACION, al señalar que Trump “no tiene los votos aquí para lanzar otra guerra extranjera”.

Feeley considera más factible, en todo caso, una demostración de fuerza acotada: “A lo mejor pueden lanzar un misil para que caiga en el eje Esequibo, simplemente como demostración”. Y agregó, con ironía: “Si yo fuera Nicolás Maduro, estaría más que agradecido a Donald Trump. ¿Cuál es el mejor motivo para unificar a un país, después de elecciones robadas y con tanto desacuerdo interno con su régimen, que una amenaza existencial de un gringo con colmillos, misiles y helicópteros?”.

Coincide con este punto Benjamin Gedan, investigador en la Universidad Johns Hopkins y ex director para América del Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de Barack Obama. “Veo poco probable una invasión a Venezuela. El rechazo casi universal en Latinoamérica no sería un desincentivo para Trump, pero sí lo sería la formidable logística de ocupar un país tan extenso y complejo, con la presencia de guerrilleros y narcotraficantes bien armados. Pero no descarto por completo la posibilidad de alguna acción militar. Después de todo, el despliegue de buques de guerra muestra que, como suele decir Trump, todas las opciones están sobre la mesa”, advirtió.

El megaoperativo incluye los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, 4000 marines, aviones P-8 Poseidon de vigilancia marítima, los buques USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale y al menos un submarino nuclear. Según fuentes oficiales, se prolongará durante varios meses, con presencia constante en aguas y espacio aéreo internacionales.

Para Feeley, el despliegue resulta desproporcionado en relación con la misión declarada de interceptar cargamentos de droga procedentes de Venezuela. “Es como dar un martillazo para matar a una hormiga. Y por eso dudo que vayan a matar a ninguna hormiga en Venezuela”, remarcó.

La última intervención militar directa de Estados Unidos en América Latina fue la invasión a Panamá en diciembre de 1989, durante el gobierno de George H. W. Bush. La operación “Causa Justa” movilizó a 27.000 soldados con el objetivo de capturar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico. Desde entonces, si bien Washington ha mantenido una fuerte presencia militar y de inteligencia en la región, como con el Plan Colombia en los años 2000 o la Iniciativa Mérida en México a partir de 2008, no ha vuelto a recurrir a una acción bélica tan directa en el hemisferio.

Más de tres décadas después, el paralelismo con Venezuela surge inevitablemente. Al igual que entonces, el narcotráfico y la connivencia de altos mandos con redes criminales son el argumento central. El hecho de que Estados Unidos haya elevado este mes la recompensa por la captura de Maduro bajo cargos de narcoterrorismo y las recientes declaraciones del director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, quien acusó el jueves al régimen de Venezuela de colaborar con las guerrillas colombianas para traficar niveles récord de drogas a Estados Unidos, refuerzan esa narrativa.

Las condiciones, sin embargo, son muy distintas. A diferencia de Noriega, Maduro cuenta con Fuerzas Armadas numerosas y el respaldo de países como Rusia, China e Irán. Panamá, pequeño y aislado, era estratégico por el canal pero carecía de aliados de peso. Venezuela, en cambio, está hoy en el centro de una disputa geopolítica atravesada por el petróleo, la migración y la competencia entre grandes potencias. Por eso, aunque la retórica de Trump y el despliegue militar evocan aquel antecedente, el escenario actual se parece menos a una operación relámpago y más a un tablero de alto riesgo, donde un movimiento en falso podría desatar una crisis hemisférica.

De hecho, los gobiernos de Colombia, México, Brasil y China expresaron su preocupación a lo largo de la semana. “Nos oponemos al uso o a la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto”, declaró el jueves la vocera del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, en una rueda de prensa en Pekín.

Un día después, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov, sostuvo una conversación telefónica con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, en la que reiteró el respaldo de Moscú frente a la presión internacional.

En contraste, desde el exilio, algunos referentes de la oposición venezolana recibieron las medidas con entusiasmo. Una de las voces más enfáticas fue la de María Corina Machado, quien difundió el viernes un video en el que celebró la decisión como “un paso para cortarle una fuente de ingreso” al chavismo y la interpretó como una señal de que la comunidad internacional mantiene la presión sobre el régimen de Maduro.

La estrategia (o falta de)
Pero, más allá de la declarada guerra contra el narcotráfico, surge la pregunta de si existe una estrategia más coherente detrás del brusco giro de Washington hacia Caracas. Según el internacionalista Luis Peche, la política de Trump se despliega en dos planos que parecen contradictorios. “Por un lado, hay un ala aislacionista que sostiene: ‘Vamos a entendernos con Maduro, prioricemos lo económico; no tiene sentido involucrarnos en un conflicto político con un potencial aliado comercial, más allá de las cuestiones democráticas’. Esa visión parecía imponerse con la reactivación de licencias y los recientes intercambios de prisioneros”, explica.

“Sin embargo, la contraofensiva de las últimas semanas refleja el peso de otra corriente, más cercana a los republicanos tradicionales y encabezada por Marco Rubio. Todo indica que Trump deja correr ambas líneas y decidirá con cuál quedarse en función de los resultados”.

En la misma línea, Gedan advierte que la segunda administración de Trump “ya no prioriza la defensa de la democracia —uno de los ejes de la histórica confrontación con el chavismo—, sino asuntos prácticos como la cooperación en materia migratoria”. En ese marco, la disposición del régimen venezolano a aceptar vuelos con deportados desde Estados Unidos, por ejemplo, “podría facilitar una normalización de la relación, aunque en paralelo persista la presión militar”, señaló.

Feeley es aún más categórico y rechaza la existencia de cualquier tipo de estrategia. “Esto es parte de lo que es una política exterior improvisada y de novato. No saben lo que están haciendo. Tienen que acatar todo lo que diga el presidente, y el presidente no tiene coherencia en su forma de pensar internacionalmente. Piensa en el momento y en cómo se ve frente a la cámara. Entonces, cuando tienes un autoritario con rasgos de narcisista, lo que resulta es una política esquizofrénica, que es exactamente lo que estamos viviendo en Venezuela”, dispara.

Sea cual sea la explicación, la paradoja quedó expuesta en una coincidencia elocuente: casi al mismo tiempo que los primeros buques cargados con crudo venezolano partían hacia Estados Unidos, los destructores norteamericanos zarpaban rumbo al Caribe.

Fuente: La Nación

El Kremlin advirtió que ya no se siente limitado por la moratoria que restringía este tipo de armamento. La decisión llega cinco años después del fin del Tratado INF.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que Rusia se considera con derecho a desplegar misiles balísticos y de crucero de alcance medio y corto si la situación lo requiere. La declaración fue publicada este lunes por medios rusos y marca un giro en la postura del país tras el colapso del Tratado INF.

En concreto, Peskov respondió preguntas de periodistas sobre un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en el que se anunciaba que ya no hay condiciones para sostener una moratoria unilateral sobre este tipo de misiles. La decisión abre la puerta a nuevos despliegues armamentísticos en Europa y Asia.

La herencia del Tratado INF
El Tratado INF (Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio) había sido firmado en 1987 por Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Establecía la prohibición total de misiles terrestres de corto (500 a 1.000 km) y medio alcance (1.000 a 5.500 km), así como sus lanzadores.

En 2019, el gobierno de Donald Trump anunció la retirada unilateral de EE.UU. del acuerdo, acusando a Rusia de violar sus términos. Moscú, por su parte, respondió suspendiendo también su participación. Desde entonces, no hubo nuevos tratados para sustituirlo.

Este 4 de agosto, Moscú oficializó el abandono de la autorrestricción impuesta de forma unilateral desde 2019.

Armamento sensible y sin anuncios públicos
Consultado sobre si habrá anuncios formales respecto al despliegue de estos misiles, Peskov fue tajante: “Es poco probable, porque se trata del ámbito de la Defensa, una esfera sensible y no pública”.

Los analistas advierten que este paso puede desatar una nueva carrera armamentista en el hemisferio norte, especialmente si se reanudan las pruebas o se detectan movimientos de misiles en zonas limítrofes con la OTAN.

Fuente: El Litoral

El exmandatario de Brasil publicó mensajes en redes sociales administradas por sus hijos y aliados políticos, pese a tener prohibido el uso de estas plataformas

El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, decretó este lunes la prisión domiciliaria para el expresidente Jair Bolsonaro tras considerar que incumplió las medidas cautelares impuestas en el marco de la investigación por su presunta participación en la trama golpista de 2022.

La decisión judicial se tomó luego de que Bolsonaro difundió mensajes a través de cuentas en redes sociales administradas por sus hijos y aliados políticos, pese a tener prohibido el uso de estas plataformas. Según Moraes, el contenido publicado incitaba a ataques contra el STF y expresaba apoyo a la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño.

"No hay dudas de que hubo un incumplimiento deliberado de la medida cautelar impuesta a Jair Messias Bolsonaro", señaló el magistrado en su despacho, al justificar la necesidad de adoptar sanciones más severas para "evitar la continua reiteración delictiva" del exmandatario.
Brasil, un país con división de poderes

De esta manera, Bolsonaro deberá cumplir arresto domiciliario en su residencia, portar una tobillera electrónica, entregar todos los teléfonos celulares disponibles en el lugar y no recibir visitas, excepto de familiares cercanos y abogados.

Moraes destacó que, pese a las restricciones previas, como la prohibición de usar redes sociales y de comunicarse con otros investigados, Bolsonaro continuó produciendo material que era publicado por terceros, lo que le permitía mantener "influencia activa en el debate político digital".

El exmandatario es procesado en varias causas abiertas en el STF, incluida la que investiga la articulación de un intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

Fuente: UNO

Medvedev había criticado el ultimátum que Washington le impuso a Moscú para que frene la guerra de Ucrania y advirtió que este podría ocasionar un conflicto entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este viernes desplegar dos submarinos nucleares ante lo que considera las "provocadoras declaraciones" del expresidente ruso Dmitri Medvedev, quien advirtió de una posible guerra entre ambos países. Al ser preguntado por reporteros en la Casa Blanca sobre la ubicación de los submarinos, Trump se negó a dar detalles y aseguró que con el despliegue busca proteger a los estadounidenses.

"Frente a las provocadoras declaraciones del expresidente ruso Dmitri Medvedev, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, ordené el despliegue de dos submarinos nucleares en las regiones correspondientes, por si acaso estas declaraciones insensatas e incendiarias fueran más allá", declaró Trump en su red social, Truth Social. "Las palabras son muy importantes y, a menudo, pueden tener consecuencias imprevistas; espero que este no sea uno de esos casos", agregó el republicano.

Medvedev criticó esta semana el ultimátum que Estados Unidos le impuso a Rusia para que frene la guerra de Ucrania y advirtió que este podría derivar en un conflicto entre ambos países. "Trump está jugando al juego de los ultimátum con Rusia: 50 o 10 días... Él debería recordar dos cosas. Primero: Rusia no es ni Israel ni incluso Irán. Y segundo: cada nuevo ultimátum es un paso hacia la guerra. No entre Rusia y Ucrania, pero con su propio país", escribió el lunes en su cuenta de la red social X.

"Si las palabras de un expresidente ruso despiertan una reacción tan nerviosa de todo un terrible presidente de EE.UU., eso significa que Rusia tiene toda la razón y seguirá su camino", señaló Medvedev en otra publicación, tras las respuestas de Trump. El magnate republicano, que lleva meses expresando su frustración por la negativa del presidente ruso, Vladímir Putin, a detener los bombardeos en Ucrania, redujo a 10 días el plazo que fijó a Moscú para que acuerde una tregua en los combates.

En otro mensaje de Truth Social este viernes, el mandatario estadounidense aseguró que este mes fallecieron casi 20 mil soldados rusos en el conflicto bélico y la cifra en lo que va de año asciende a 112.500. "¡Muchas muertes innecesarias! Ucrania, sin embargo, también ha sufrido mucho. Ha perdido aproximadamente 8 mil soldados desde el 1 de enero de 2025, y esa cifra no incluye a los desaparecidos", detalló el republicano. "Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido", apuntó Trump y responsabilizó de nuevo a su antecesor, Joe Biden.

Fuente: Pagina12

Internacionales

"Siempre he dicho que reconoceremos un Estado palestino como contribución a un proceso de paz adecuado en el momento de máximo impacto para la solución de dos Estados”, dijo el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, en una conferencia de prensa tras una reunión de gabinete el martes.

“Puedo confirmar que el Reino Unido reconocerá el Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí adopte medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo que reactive la perspectiva de una solución de dos Estados”.

Starmer convocó la reunión un día después de afirmar que el público británico está “repugnado” por las imágenes de personas muriendo de hambre en Gaza, en declaraciones junto al presidente Donald Trump en Escocia.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó el anuncio de Starmer y afirmó que la medida constituye una “recompensa para Hamas” y perjudica los esfuerzos para implementar un alto el fuego en Gaza y liberar a los rehenes restantes.

Trump amplió posteriormente de algunas de las críticas de Israel y afirmó que considera la decisión del Reino Unido como una “recompensa para Hamas”, añadiendo que Estados Unidos no tiene intención de seguir el ejemplo. “En esencia, (Starmer y el presidente de Francia, Emmanuel Macron) dicen lo mismo, y eso está bien, pero, como saben, eso no significa que tenga que estar de acuerdo”, afirmó Trump.

Starmer ha enfrentado una creciente presión desde el interior de su Partido Laborista para adoptar una línea más dura hacia Israel, que se agudizó después del reciente anuncio del presidente Emmanuel Macron de que Francia reconocerá a un Estado palestino en septiembre, convirtiéndose en el primer país del G7 en hacerlo.

Francia saludó el anuncio de Starmer de este martes, y el ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, declaró que el Reino Unido “se suma hoy al impulso creado por Francia para el reconocimiento del Estado de Palestina”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita también elogió la medida, al igual que el vicepresidente del Gobierno Autónomo Palestino, Hussein Al Sheikh, quien dijo que demuestra un “compromiso con el derecho internacional y la legitimidad”.

El primer ministro de Escocia, John Swinney, celebró la “intención” detrás de la decisión, pero dijo que el Estado palestino “no debe ser condicional y debe estar respaldado por sanciones contra Israel si la violencia continúa”.

Starmer explicó que la decisión del Reino Unido se debió a la “intolerable situación en Gaza” —que, según él, empeora cada día—, así como a la preocupación por la disminución de la posibilidad de una solución de dos Estados.

Una agencia de seguridad alimentaria respaldada por la ONU dijo el martes que el “peor escenario de hambruna” está teniendo lugar actualmente en Gaza, con más de 20.000 niños ingresados para recibir tratamiento por desnutrición aguda entre abril y mediados de julio.

“La razón por la que hemos anunciado esto de la forma en que lo hicimos en relación con la Asamblea General (de la ONU) de septiembre es precisamente porque quiero asegurarme de que esto contribuya a cambiar las condiciones sobre el terreno, a asegurar que la ayuda llegue y a asegurar que exista la esperanza de una solución de dos Estados en el futuro”, declaró Starmer a la prensa.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, reiteró la postura de Starmer este martes, afirmando que el Reino Unido reconocería un Estado palestino si Israel no pone fin a su campaña militar en Gaza.

En su intervención ante las Naciones Unidas, Lammy instó a Israel a poner fin a la “terrible situación” en Gaza y a comprometerse con una paz sostenible basada en una solución de dos Estados.

Advirtió que la solución de dos Estados estaba en peligro y prometió que el Reino Unido se comprometería a proteger su viabilidad. “No hay contradicción entre el apoyo a la seguridad de Israel y el apoyo a la creación de un Estado palestino”, afirmó.

España, Irlanda y Noruega reconocieron el Estado palestino el año pasado, pero hasta el momento otras naciones europeas se han mostrado obstinadamente reacias a reconocer formalmente un Estado palestino.

Fuente: CNN Español

Macron adelantó su respaldo oficial a Palestina como Estado independiente. La decisión fue celebrada por la Autoridad Palestina y duramente rechazada por el gobierno israelí, que la calificó como "una mancha negra en la historia francesa"

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves que Francia reconocerá oficialmente al Estado palestino durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en septiembre en Nueva York. Mientras funcionarios palestinos celebraron la decisión, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la condenó con dureza, afirmando que "recompensa el terrorismo".

"Fiel al compromiso histórico con una paz justa y duradera en Oriente Medio, decidí que Francia reconocerá al Estado de Palestina. Lo anunciaré solemnemente durante la Asamblea General de la ONU", escribió Macron en sus redes

Además, anunció que Francia y Arabia Saudita copresidirán una cumbre internacional de jefes de Estado y de Gobierno para reimpulsar la llamada solución de "dos Estados", es decir, uno israelí y otro palestino. Hasta el momento, al menos 142 países han reconocido al Estado palestino, Estados Unidos e Israel se oponen firmemente a este tipo de iniciativas.

Francia tiene un peso particular por ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. También posee la mayor población judía del continente y la mayor comunidad musulmana de Europa Occidental. "Los franceses quieren la paz en Oriente Próximo", zanjó Macron.
Una "contribución clave"

A través de una carta dirigida al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás —quien administra parcialmente Cisjordania ocupada—, Macron sostuvo que Francia busca hacer una "contribución clave a la paz en Oriente Medio" y que movilizará a sus aliados internacionales interesados en apoyar la iniciativa.

El cónsul francés en Jerusalén entregó personalmente la misiva al presidente palestino, como se observa en una imagen difundida por el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot. "Confirmaré ese compromiso en la tribuna de Naciones Unidas este lunes", adelantó Barrot en su cuenta de X.

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, celebró el anuncio. "Esta postura refleja el compromiso de Francia con el derecho internacional y con el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado independiente", expresó. Por su parte, la dirigencia de Hamas calificó el reconocimiento como un "paso positivo".

En la carta, difundida en X, Macron advirtió que "la urgencia es que cese la guerra en Gaza y se asista a la población civil". En ese marco, dijo que "es hora de construir finalmente el Estado de Palestina, garantizar su viabilidad y permitir que, tras aceptar su desmilitarización y reconocer plenamente a Israel, contribuya a la seguridad de todos en Oriente Medio".

"Una mancha negra en la historia francesa"

La respuesta del gobierno israelí no se hizo esperar. El primer ministro Netanyahu condenó enérgicamente la medida francesa, a la que calificó como una "recompensa al terrorismo" tras los ataques del 7 de octubre. Según el primer ministro israelí, "un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar a Israel, no para vivir en paz junto a él", y Macro no puede garantizar su seguridad

"Esta medida premia el terrorismo y corre el riesgo de crear otro Estado aliado de Irán, como ocurrió con Gaza", señaló la oficina de Netanyahu a través de X.

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, tildó de "ridícula y carente de seriedad" la idea de Macron de "crear con palabras un acuerdo ilusorio" para fundar un Estado palestino. En la misma línea, el viceprimer ministro y ministro de Justicia israelí, Yariv Levin, calificó la decisión como "una mancha negra en la historia francesa y una ayuda directa al terrorismo".

Para Levin, la declaración de Macron implica que "es hora de aplicar la soberanía israelí" en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967. "La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel, y ni siquiera la declaración del presidente Macron podrá cambiar eso", afirmó Levin en su canal de Telegram.

Fuente: Pagina 12

El médico, de origen cubano designado por Donald Trump, defendió al ultraderechista y pidió que Cristina “pague lo que tiene que pagar”.

Como si fuera un virrey habló de su futura tarea en la Argentina a la que pretende llegar no sólo para respaldar al gobierno de Javier Milei, sino también que avisó que recorrerá las provincias (que Milei no conoce) para "vigilar que no hagan acuerdos con los chinos". No terminó allí el descaro injerencista del aspirante a embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, sino que hasta anticipó el lobby que realizará en el Poder Judicial para “asegurarme de que Cristina reciba la justicia que bien merece”. A la expresidenta le dedicó varios minutos para destacar la postura del gobierno de Donald Trump sobre su situación judicial. No sólo se quejó de la prisión domiciliaria sino que hasta se atrevió a deslizar responsabilidad en la muerte del fiscal Alberto Nisman y el encubrimiento en el atentado a la AMIA. El repudio no se hizo esperar, legisladores y gobernadores peronistas rechazaron estas declaraciones e incluso la mismísima embajada de China en la Argentina que, en un comunicado le aconsejó a Lamelas que "no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica".

El gobierno de Trump se ha mostrado imperial desde casi el momento en que regresó a la Casa Blanca. Primero persiguió a los migrantes con prácticas represivas y supremacistas sin importar si eran legales o ilegales. Luego se dedicó a imponer aranceles a los países que no se subordinan a su mandato y ahora también, como ocurrió con Brasil hace poco, busca inmiscuirse directamente y sin disimulo en la política argentina.

Durante su exposición ante el Congreso norteamericano para que sea aprobada su postulación a representante diplomático, Lamelas desgranó con pelos y señales la política que desarrollará en la Argentina. Dejó en claro que el respaldo al gobierno de Milei y el triunfo en octubre es un objetivo prioritario. “Trump me pidió trabajar con su amigo Javier para construir una grandeza sin precedentes”, afirmó para despejar cualquier duda.

Si el triunfo en los comicios de octubre es un objetivo, el otro prioritario es China. El futuro embajador afirmó que va a recorrer las 23 provincias “para dialogar con los gobernadores” y --literalmente-- “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos”. “Eso puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos”, repitió.

“El desafío --sostuvo-- es que cada provincia tiene su propia administración y puede firmar acuerdos con China. Yo quiero dialogar no solo con el Presidente, (el canciller) Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo, sino también con los gobiernos provinciales. Tenemos que seguir apoyando a Javier Milei para construir una mejor relación entre nuestros países”, señaló Lamelas.

La inocultable decisión de evitar la presencia de intereses chinos en la Argentina generó un comunicado de la embajada de la República Popular China. Sobre los dichos del diplomático, la embajada afirmó que "están plagadas de prejuicios ideológicos y de mentalidad de Guerra Fría basada en el juego de suma cero, lo que no hace más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la Doctrina Monroe. Esto contradice y se opone a los 'valores democráticos' que tanto proclaman", expresó el comunicado.

En otro tramo, la delegación diplomática china afirmó que este país "mantiene intercambios y cooperaciones con los países latinoamericanos, incluida Argentina, basándose siempre en los principios de respeto mutuo, trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida, sin buscar esferas de influencia ni intereses geopolíticos, ni apuntando contra terceros". Es por eso que destacaron, en un claro mensaje no solo a Trump sino también para Milei, que la "Argentina no debe convertirse en un 'campo de batalla' para luchas entre grandes potencias, sino debe ser un 'campo por excelencia' de la cooperación internacional en pos de desarrollo, reforma y fomento". Por último le aconsejan a Lamelas sin nombrarlo "que no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica".
La expresidenta

Los dichos de Lamelas sobre la condena y prisión de Cristina Fernández de Kirchner se escucharon como una demorada confirmación de lo que había dicho la entonces presidenta: “Si algún día me pasa algo, miren hacia el Norte”. En esa línea el futuro embajador estadounidense no ocultó el placer que le genera el hecho de que esté presa. “Ha sido procesada y declarada culpable de fraude", indicó y se atrevió a sostener que "si no fuera política, estaría en prisión. Está bajo arresto domiciliario debido a cierto favoritismo político que existe allí”, dijo sin dar ninguna prueba de tan insultante afirmación.

Decidido a seguir ensuciando el nombre de la expresidenta, Lamelas se refirió al atentado a la AMIA: “Obviamente, que nosotros sepamos, no estuvo involucrada en el bombardeo a la AMIA, pero definitivamente sí estuvo involucrada de alguna manera en su encubrimiento", avanzó también sin la más mínima prueba de la temeraria afirmación. Luego, se recurrió a la figura de dios para señalar que solo la deidad sabría que "si estuvo involucrada en la muerte del fiscal (Alberto) Nisman".

Por último dijo que aplaude "los esfuerzos de Milei para llegar al fondo de esto", como si el Presidente hubiese desarrollado alguna política para el esclarecimiento del atentado.
Las repercusiones

Poco después, desde los sectores democráticos de la política se expresaron los repudios a la injerencia del Spruille Braden del Siglo XXI. Por caso, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto afirmó que en su provincia "no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos".

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, se expresó en el mismo sentido que su colega pampeano al sostener que en su provincia "no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía", dijo y afirmó que "no es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia". Es más, le recomendó a Lamelas que se se quede en su país "a resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos. La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionistas".

La senador de UxP, Juliana di Tullio le preguntó al presidente si "es el jefe de Estado argentino, no el de una colonia. No acepte injerencias por parte de ningún país. Argentina es la patria de todos, defiéndala". Para el diputado de UxP, Leopoldo Moreau las declaraciones de Lamelas sobre CFK confirman "desde donde partió la orden para meterla presa". Por eso considera que el embajador ahora se siente con la libertad de "imponerle a los gobernadores qué pueden o qué no pueden hacer y con quién deben o con quién no deben negociar". Además, destaca el diputado, Lamelas descaradamente anuncia que pretende entrometerse en el Juicio vinculado al Memorándum con Irán para conseguir otra condena de Cristina.

Por su parte, la exdiputada del FIT, Myriam Bregman dijo que era "difícil identificar qué cosa es más grave de todas las que dice". Consideró como inaceptable la intromisión en los asuntos internos de la Argentina, "que opine sobre la distribución de poder establecida por la Constitución del 94 y quiera inversiones de un tercer país". También repudió los dichos sobre Cristina Kirchner y, sobre todo, que no oculte el apoyo a la campaña de Milei.

Fuente: PAGINA12

"La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una vergüenza internacional", dijo Trump en una carta destinada a su par brasileño, que prometió contramedidas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Brasil con imponer aranceles del 50 por ciento en represalia por el juicio del exmandatario Jair Bolsonaro, poco después de que su par Luiz Inácio Lula da Silva convocara al representante de negocios de Washington. El presidente brasileño respondió más tarde que Brasil "no aceptará ser tutelado por nadie" y avisó que responderá con contramedidas. Trump es conocido por solidarizarse con sus aliados, como el ultraderechista Bolsonaro, con quien mantuvo una relación estrecha durante su primer mandato en la Casa Blanca (2017-2021), y arremeter contra quienes considera sus enemigos.
"Caza de brujas"

El gobierno brasileño convocó a Gabriel Escobar, actual número uno de la embajada estadounidense en Brasil, para pedirle explicaciones sobre una nota de la delegación que describe a Bolsonaro, juzgado por intento de golpe de Estado, como víctima de "persecución política". El ministerio de Relaciones Exteriores le dijo que "la manifestación de la embajada es una intromisión indebida en asuntos internos brasileños", según declaró una fuente de la Cancillería.

A miles de kilómetros de Brasilia, Trump contraatacó con una de sus armas predilectas, los aranceles, en una carta destinada a Lula y publicada en su plataforma Truth Social. "La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo", escribió Trump. "Es una caza de brujas que debe terminar INMEDIATAMENTE", agregó el republicano.

"Debido en parte a los ataques insidiosos de Brasil a las elecciones libres y a los derechos fundamentales de la libertad de expresión de los estadounidenses, cobraremos a Brasil un arancel del 50 por ciento sobre todos y cada uno de los productos brasileños enviados a Estados Unidos", advierte la misiva compartida por Trump. Tras el anuncio el real brasileño se desplomó más de un 2 por ciento frente al dólar.

El gravamen adicional es independiente de los aranceles sectoriales, como el 50 por ciento impuesto ya al acero y aluminio. Brasil es el segundo proveedor de acero a Estados Unidos. Si el país latinoamericano toma represalias el porcentaje subirá. "La cantidad que elija se agregará al 50 por ciento que cobramos", advirtió el presidente republicano, quien además ordenará a su representante comercial Jamieson Greer abrir "de inmediato una investigación" a Brasil. Lo hace, según dice, por "los continuos ataques de Brasil a las actividades de comercio digital de empresas estadounidenses, así como a otras prácticas comerciales desleales".

Trump parece hacer alusión a una decisión del juez brasileño Alexandre de Moraes, quien además de formar parte del grupo de magistrados de la Corte Suprema de Brasil que decidió enjuiciar a Bolsonaro, ordenó bloquear Rumble. El magistrado reprochó a esta plataforma para compartir videos, popular entre grupos conservadores, su negativa a negarse a bloquear la cuenta de un usuario residente en Estados Unidos buscado por difundir noticias falsas.
"Brasil es un país soberano"

El lunes Trump ya había acudido a sus redes sociales para afirmar que Bolsonaro es objeto de "una caza de brujas" y pedir a las autoridades brasileñas que dejen al expresidente "en paz". Pero Lula, que derrotó por un estrecho margen a Bolsonaro en las elecciones de 2022, rechazó la "interferencia" de Trump y afirmó que Brasil es "un país soberano".

"Cualquier medida de elevación unilateral de tarifas será respondida a la luz de la Ley de Reciprocidad Económica brasileña", advirtió el jefe de Estado en una nota oficial, tras reunirse de urgencia con varios de sus ministros en el Palacio de Planalto, en Brasilia. El líder progresista se refirió a un proyecto de ley aprobado por el Parlamento brasileño el pasado 2 de abril, en el llamado "Día de la Liberación", que permite tomar medidas de represalia contra países que impongan barreras comerciales.

"Brasil es un país soberano con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie", expresó Lula, quien insistió en que el proceso judicial contra Bolsonaro y el resto de los acusados, entre quienes encuentran varios antiguos ministros y militares de alto rango, "es de exclusiva responsabilidad de la justicia brasileña y, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia" de los poderes.

Lula también tachó de "falsa" la información de que la relación comercial entre Brasil y EE.UU. sea desfavorable para la potencia norteamericana. "Las estadísticas del propio gobierno de Estados Unidos comprueban un superávit de ese país en el comercio de bienes y servicios con Brasil del orden de 410 mil millones de dólares a lo largo de los últimos 15 años", apuntó el mandatario brasileño, quien agregó: "La soberanía, el respeto y la defensa irrestricta de los intereses del pueblo brasileño son los valores que guían nuestra relación con el mundo".

En 2024 Brasil exportó a EE.UU. 40.368 millones de dólares en productos brasileños, lo que supuso el 12 por ciento de las ventas totales del país. En un comunicado, la Confederación Nacional de la Industria (CNI) señaló que no existe ningún hecho económico que justifique una tarifa tan alta y destacó que el impacto en la industria brasileña podría ser grave debido a la interconexión de ambos sistemas productivos. "Para el sector productivo, lo más importante ahora es intensificar las negociaciones y el diálogo para revertir esta decisión", afirmó el presidente de la CNI, Ricardo Alban.

Fuente: Pagina12

El mandatario estadounidense canceló el diálogo bilateral tras la implementación de un gravamen sobre empresas tecnológicas, generando un nuevo conflicto entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos anunció este viernes la suspensión inmediata de los acuerdos tras la decisión del gobierno canadiense de aplicar un tributo a las grandes tecnológicas.

Fuerte reacción desde Washington
Donald Trump, a través de su red Truth Social, calificó la medida de Canadá como un "ataque directo" contra su país. En su publicación, apuntó: “Canadá, un país con el que es muy difícil comerciar, ha decidido gravar los servicios digitales a nuestras empresas tecnológicas. Esto es inaceptable”.

El exmandatario también recordó las tensiones comerciales previas con Ottawa y reprochó la política arancelaria canadiense hacia los productos agrícolas estadounidenses, en especial los lácteos, que según él han llegado a pagar tarifas de hasta el 400%.

Anuncio de represalias
A raíz del nuevo impuesto, Trump ordenó el fin inmediato de todas las discusiones comerciales bilaterales. Además, advirtió que en el plazo de una semana Estados Unidos informará a Canadá sobre los nuevos aranceles que deberá abonar para mantener relaciones comerciales con el país.

El republicano también acusó al gobierno canadiense de copiar las políticas de la Unión Europea, que en los últimos años avanzó en regulaciones e impuestos contra las grandes plataformas digitales.

El impuesto que desató el conflicto
El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, confirmó días atrás que el impuesto digital sigue en pie y que el primer pago debe realizarse este lunes 30 de junio.

La medida afecta a multinacionales como Meta, y se aplicará de forma retroactiva desde 2022. Consiste en una tasa del 3% sobre los ingresos obtenidos por servicios digitales brindados a residentes canadienses, siempre que esos ingresos superen los 20 millones de dólares.

Fuente: El Litoral